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Bruno Pérez
Los juristas suelen quejarse de lo mal que se legisla en España. Ya no es sólo que las leyes sean a menudo poco claras y suelan desencadenar sentencias judiciales que en no pocos casos acaban siendo contradictorias, sino que muchas veces se concretan a través de vehículos inadecuados, lo que crea una litigiosidad sin parangón en el contexto europeo.
La utilización indiscriminada del Real Decreto para modificar leyes de mayor rango es el principal ejemplo de esta mala praxis, aunque tampoco faltan ejemplos de modificaciones legales encajadas a martillazos en proyectos legales que nada tienen que ver con el precepto modificado.
El Gobierno acaba de proporcionar el último ejemplo de esta mala práctica legislativa al colar a través de la Ley de Tasas de la Justicia un recorte adicional en la nómina que percibirán los funcionarios el próximo mes de diciembre.
Ya no es sólo que los funcionarios no vayan a recibir la paga extra de Navidad, es que su sueldo de diciembre va a ser inferior incluso al de un mes normal, como por ejemplo el del presente mes de noviembre.
¿Cómo es posible? Porque el Gobierno ha decidido descontar de la nómina que los funcionarios percibirán en diciembre tanto las cuotas de derechos pasivos correspondientes a la propia nómina como las que corresponderían al pago de la extraordinaria de Navidad.
¿Qué son las cuotas de derechos pasivos? Pues vienen a ser las cotizaciones sociales de las nóminas de los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas, es decir, las cantidades que se les descuentan para financiar las Mutuas que cubren su asistencia sanitaria, su protección social y, en el futuro, su jubilación.
La decisión del Gobierno de descontar dos veces esa cuota reducirá entre 120 y 220 euros el sueldo que percibirán los funcionarios el próximo mes de diciembre en función su categoría y nivel, según los cálculos realizados por el sindicato CSIF.
El perjuicio económico para ellos será, además, mayor al que se le habría generado con una decisión similar a un trabajador del sector privado.
Desde CSIF explican que mientras las cotizaciones sociales que se abonan a la Seguridad Social financian, de alguna manera, la pensión que se recibirá en el futuro, en el caso de los funcionarios se trata de una cuantía fija, cuyo fin exclusivo es financiar a las Mutuas, no la pensión futura de los funcionarios que se calcula en función de otras variables.
De otro modo, a un trabajador de la Seguridad Social al que le quitaran la paga de diciembre y le mantuvieran la cotización, le quedaría el consuelo de haber contribuído a su jubilación futura; a un funcionario del régimen de clases pasivas, ni siquiera eso.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el encargado de gestionar las cuestiones relativas al personal de la Administración del Estado, ya había incluido esta norma en el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias para la consolidación fiscal del pasado mes de julio, aunque desde el mundo sindical se confiaba en su retirada.
¿Por qué se ha incluido también en la Ley de Tasas Judiciales, un proyecto legal que nada tienen que ver con la gestión de la Función Pública?
Según fuentes sindicales, el Gobierno podría estar protegiéndose ante posibles recursos judiciales futuros, incluyendo la modificación legal en una norma con rango de Ley y no de Decreto.
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